Campamento Contra las Cenizas en Peñuelas está en desacuerdo con el Tribunal

Los integrantes del Campamento en Contra de las Cenizas en Peñuelas, mostraron su desacuerdo con la determinación del Tribunal de Apelaciones Primer Circuito de Boston, que permitiría el depósito de cenizas en los vertederos si así la Junta de Calidad Ambiental lo decide. Allí estos exigieron al Gobernador de Puerto Rico que apruebe inmediatamente una orden ejecutiva para exportar las cenizas fuera de la Isla y aseguraron que continuarán luchando hasta lograr su objetivo.

Secretario de Estado rechaza expresiones del presidente de Venezuela sobre estatus político de Puerto Rico

-luego de que un medio de comunicación internacional publicó una conversación telefónica entre el excarcelado Oscar López Rivera con el presidente de Venezuela. Durante la conversación, Maduro abogó por la independencia de Puerto Rico-

 

(18 de mayo de 2017 –La Fortaleza) El secretario de Estado del Gobierno de Puerto Rico, licenciado Luis Gerardo Rivera Marín, manifestó hoy que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro no tiene fuerza moral para hablar de libertad y menos inmiscuirse en la situación política de Puerto Rico.

Las declaraciones del secretario de Estado se producen luego de que un medio de comunicación internacional publicó una conversación telefónica entre el excarcelado Oscar López Rivera con el presidente de Venezuela. Durante la conversación, Maduro abogó por la independencia de Puerto Rico.

“Resulta irónico que sea la persona responsable de dirigir un régimen dictatorial, donde se violentan los derechos más elementales del ser humano, como lo es atentar contra la integridad y la vida de personas en Venezuela por intentar expresar su sentir en contra del Gobierno, quien ahora tenga el descaro de abogar por libertades en Puerto Rico”, sostuvo el secretario de Estado de Puerto Rico.

El licenciado Rivera Marín añadió que “nuestra democracia y los derechos que nuestra ciudadanía americana garantiza a los puertorriqueños, son los mismos que hoy no existen en Venezuela”.

“Si el señor Oscar López coincide con la forma de pensar y de actuar de Nicolás Maduro, es un derecho que tiene y que nuestro sistema democrático le garantiza. Lo que debe tener claro el presidente de Venezuela es que no le reconocemos estatura moral para hablarle a los puertorriqueños de libertad y menos de democracia”, agregó el secretario de Estado de Puerto Rico.

Rivera Marín expresó que “la conversación telefónica entre Oscar López y Nicolás Maduro, divulgada por un medio de comunicación, evidencia cómo piensan y en qué coinciden las personas que tuvieron ese intercambio”.

“En nuestra democracia hay espacio para diferir y expresarlo libremente. Eso no es posible en Venezuela. Ejercitando ese mismo derecho, rechazamos la intervención de Nicolás Maduro en los asuntos políticos de Puerto Rico y el evidente vínculo que tiene con sectores que promueven el desorden en nuestra Isla”, concluyó el secretario de Estado.

Keleher asegura transparencia en el proceso de cierre de escuelas

El cantante de música urbana Tito “El Bambino” visitó junto a la secretaria de educación Julia Keleher la Escuela Elemental Bryan de Las Marías para felicitar a los estudiantes por su asistencia durante las pruebas META-PR. Keleher reaccionó sobre la venta de escuelas públicas garantizando que habrá transparencia en el proceso de subasta, esto luego de que la presidenta de la Asociación de Maestros Aida Díaz, cuestionara dicho proceso.

Alcaldes se oponen a reestructuración del BGF

Alcaldes rojos y azules reaccionaron en contra del acuerdo entre acreedores y el Banco Gubernamental de Fomento que compromete las finanzas de los municipios y que tiene como objetivo reestructurar la deuda de la institución bancaria. Por lo que ahora la pugna entre los municipios y el BGF entra en un nuevo capítulo agudizando la crisis fiscal de los ayuntamientos, según expresaron a este medio los ejecutivos municipales.

Bajo evaluación medida para frenar actividad delictiva en las prisiones

– En los últimos años se han incautado más de 28 mil celulares en las instituciones penales

El Capitolio Por considerar que es una herramienta útil para impedir la continuidad de la actividad delictiva, varios organismos favorecieron hoy la intención de una propuesta que permite el uso de nueva tecnología que evita las comunicaciones no autorizadas entre las personas ingresadas en instituciones penales o juveniles y el exterior.  

 En audiencia de la Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lasalle Toro, el asesor legal de Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), licenciado Irving Otero,  planteó que el Proyecto de la Cámara 966, es cónsono con los objetivos del titular de la agencia, Erik Rolón Suárez.

 “Cualquier medida que respalde esto es meritoria y mientras más fuerza de ley tenga, mucho mejor”, reconoció el letrado.

 De igual modo, destacó la importancia de la tecnología para reforzar la seguridad, máxime, cuando en los últimos años se han incautado más de 28 mil celulares en las instituciones penales.

 La legislación requiere al Secretario de Corrección y Rehabilitación iniciar el proceso para establecer un sistema de acceso controlado, conocido como “Managed Access”, para impedir comunicaciones no autorizadas y permitir comunicaciones celulares legítimas y de emergencia dentro de las instituciones, sus predios y perímetro.

 Dicho sistema se configura como una célula activa de telefonía; dado que el equipo opera a base de conectarse a la señal más cercana y fuerte.  Eso hace que todos los equipos dentro de esa célula se conecten a través de ésta, permitiendo que se detecten y que se controle por ejemplo sólo el uso de equipos debidamente identificados o llamadas a 9-1-1.

 Sobre el particular, Otero informó que se encuentran determinando cuál es la mejor  tecnología a ser utilizada para eliminar el uso fraudulento de unidades de comunicación personal para cometer delitos. “Estamos trabajando esta encomienda con la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones y con el Principal Oficial de Tecnología del Gobierno”, manifestó.

 Entretanto, el Departamento de Justicia consignó la necesidad de normas afines dirigidas a atender la proliferación de llamadas y comunicaciones no autorizadas desde las instituciones correccionales.

 La asesora legal del Departamento, licenciada Viviana Catalá, planteó que dicho sistema ha sido implementado en los estados de Mississippi, California, Maryland  y Texas; entre otros.

 Mientras, la asesora legal de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, licenciada Alexandra Fernández, consignó su compromiso de hacer el “Managed Access” viable junto al DCR.

 Opinó que aunque la realidad fiscal de la Isla ha cambiado, es necesario contar con dicho sistema, aunque sea en una alianza con compañías de telecomunicaciones que tengan ese  sistema. “Una medida como esta brinda más certeza a quien quiera invertir mediante una Alianza Público Privada, para lograr ese propósito”, agregó.

 De paso, Fernández anunció que la entidad que representa firmó un acuerdo de colaboración con el DCR, para atender dicho asunto, así como el servicio de llamada a los confinados, utilizando tecnología telefónica y de video.

 Por su parte, el Presidente de la Comisión, quien es autor de la medida, destacó la necesidad de implementar las medidas necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

 “Lo importante de proyectos como este,  es que se establezca el protocolo necesario para cuando se implemente la tecnología, se tenga también la planificación adecuada para darle la continuidad que necesita”, afirmó Lasalle Toro.

Gobernador anuncia certificación de 260 empresas que crearán mil empleos

(16 de mayo de 2017 –San Juan) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció la certificación de 260 empresas que estarán creando alrededor de la Isla más de mil empleos en las áreas de ventas, servicio y manufactura.
Rosselló Nevares hizo el anuncio junto a Manuel Laboy, secretario de Desarrollo Económico y Comercio; y Ricardo Llerandi, director ejecutivo de la Compañía Comercio y Exportación.

“Puerto Rico está listo para su recuperación económica. Apostamos a las pequeñas empresas y a los nuevos emprendedores para contribuir al desarrollo económico de nuestra Isla. Hoy más que nunca la aportación del sector privado y su compromiso es crucial en la creación de nuevos empleos”, sostuvo el primer mandatario.

Mediante la plataforma Puerto Rico Emprende, se busca promover oportunidades para el desarrollo de más empresas locales para que puedan crear empleos y sean competitivas a nivel local y en el exterior. Esta plataforma incluye programas de incentivos dirigidos a la pequeña y mediana empresa local.

El compromiso de creación de 1,004 empleos se concreta en virtud de la Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios, el Programa de Microempresas Comunitarias y el Programa de Empleo Directo al Centro Urbano.

“Los nuevos empleos que estamos anunciando en el día de hoy abarcan diversos sectores económicos que impactan la economía de Puerto Rico tales como venta, instalación y consultoría de productos LED, servicios legales, consultoría de negocios, cervezas artesanales, restaurantes de comida creativa y pizza artesanal, y venta de ropa para damas, entre otros. Esto nos da un claro indicio de que más empresarios locales están apostando a sus destrezas innovadoras para convertirlas en ideas de negocios que a su vez contribuyan a fortalecer el desarrollo económico. Cabe destacar que el 77% de las empresas certificadas desde enero son de empresarios menores de 35 años”, expresó el director ejecutivo de la Compañía de Comercio y Exportación.

La Ley de Incentivos para la Generación y Retención de Empleos en las PYMES provee incentivos contributivos y salariales para las pequeñas y medianas empresas a los fines de viabilizar el desarrollo y ampliación de ese sector y la creación de nuevos empleos. Esta iniciativa está dirigida a empresas de nueva creación, en expansión y con pérdidas operacionales. Al día de hoy se han certificado 14 empresas por medio de este programa para una creación de 112 nuevos empleos que deben ser creados en o antes de seis meses de que se otorguen los incentivos. De estos empleos 88 serán provenientes de 11 empresas nuevas y otros 24 de tres empresas en expansión.

Además, la Ley de Incentivos y Financiamiento para Jóvenes Empresarios tiene como propósito agilizar y facilitar la creación de nuevas empresas por jóvenes residentes en Puerto Rico. Entre los beneficios se encuentra la exención de contribución sobre ingresos, patente municipal y contribución sobre propiedad mueble y proceso expedito para la concesión de permisos y certificaciones. Al día de hoy se han certificado 200 nuevas empresas por medio de este programa para un compromiso de creación de 769 nuevos empleos.

Además, el Programa de Microempresas Comunitarias ofrece un incentivo económico de hasta $5,000 a microempresas comunitarias existentes y de nueva creación. Por medio de este programa se han certificado 24 empresas para una creación de 36 nuevos empleos.

Mientras, el Programa Empleo Directo al Centro Urbano provee un subsidio salarial para la creación de hasta 25 nuevos empleos en empresas establecidas en un centro urbano mientras que empresas establecidas fuera del centro pueden recibir los beneficios para crear hasta 15 nuevos empleos. Por medio de este programa se han certificado 21 empresas para la creación de 87 nuevos empleos que deberán ser creados en tres meses.

Representante hace advertencia ante recortes propuestos por Trump

Ante la posible decisión del presidente Donald Trump de recortar los presupuestos federales que recibe el área de Vivienda y Desarrollo Urbano, el representante Carlos Bianchi Angleró advirtió que sobre 54 mil familias de residenciales públicos están en peligro de desahucio. Este además denunció que la administración del gobernador Ricardo Rosselló no tiene un plan para evitar que familias se queden sin un techo seguro.

Departamento de la Familia recibió 34,376 referidos de maltrato de menores en el 2013

-La información fue vertida por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico en una vista pública en torno a cuatro medidas que buscan enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”-

El Capitolio –  La estadística más reciente del Departamento de la Familia, que data del 2013, reveló que la agencia recibió 34,376 referidos de maltrato de menores para esa fecha, de los cuales un 15 % se fundamentó luego de la debida investigación. Se realizaron aproximadamente 38 referidos de posible maltrato por cada mil menores residiendo en Puerto Rico. De estos, un 5 % fue por abuso sexual intrafamiliar.

La información fue vertida por el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, que dirige el Dr. Mario Marazzi Santiago, como parte de una vista pública de la Comisión de Turismo y Bienestar Social de la Cámara de Representantes, que preside el legislador Néstor Alonso Vega, en torno a cuatro medidas dirigidas a enmendar la “Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores”, que tiene como fin aumentar la calidad de vida de los niños puertorriqueños.

Alonso Vega, expresó que las medidas “atacan una problemática que estamos pasando como sociedad y que se van a estar atendiendo dentro de la Comisión. El propósito inicial es estar a la vanguardia de los problemas que están sucediendo para que nosotros, como legisladores, podamos mejorar la calidad de vida de los niños en Puerto Rico. Mientras podamos abrir la discusión y escuchar las posiciones a favor, en contra y diferentes visiones sobre las propuestas, obtendremos mejor legislación”.

La directora de Asuntos Legales del Departamento de Salud, la licenciada Rebecca Walsh,  agregó que de los 34,376 referidos de maltrato, el 23 % fue referido por maltrato físico. Mientras, la licenciada Charleen Rivera, de la División Legal del Departamento de la Familia, sostuvo que “a pesar del esfuerzo de los distintos sectores, todavía nos enfrentamos a la pérdida de menores, víctimas de agresores. Durante los pasados 5 años se registró un total de 60 muertes de menores”, explicó la funcionaria.

Al mismo tiempo, Marazzi Santiago destacó que se observó que en todos los tipos de maltrato, entre 78 % y 94 % de los perpetradores eran madres o padres biológicos, con excepción del abuso sexual, para el cual el 54 % era padres biológicos y el 35 % padrastros.

A preguntas del representante Alonso Vega, la licenciada Rivera indicó que la agencia está próxima a llevar a cabo una campaña educativa de difusión masiva en los medios de comunicación sobre el maltrato de menores. Incluso, le indicó a la Comisión que la información sobre el tema se está difundiendo a través de las redes sociales, por lo que el legislador le dio un plazo de 10 días para someter a la Comisión la fecha en que estaría comenzando la campaña pendiente.

En la vista pública se respaldó el Proyecto de la Cámara 404, para establecer un grupo de trabajo interdisciplinario que evalúe a menores con sospecha de maltrato intrafamiliar, así como el Proyecto de la Cámara 850, para poderle ofrecer a los primeros ofensores un programa de desvío.

El director de la División Legal del Departamento de Corrección y Rehabilitación, el licenciado Irvin Otero Narváez, indicó que Puerto Rico ocupa la posición decimoséptima en las tasas de maltrato de menores al compararla con otras jurisdicciones de Estados Unidos. Señaló que el perfil realizado por Corrección de la población confinada para el año 2015, revela que de los delitos actuales sobre la Ley de Protección de Menores el 64.86 % de los casos son de personas convictas por alguna forma de maltrato, el 24.32 % por negligencia, el 8.11 % por incumplimiento de órdenes de protección y el 2.70 % por informes de maltrato o negligencia institucional.

“Los datos anteriores nos llevan a concluir que el maltrato de menores ocurre en todas las edades, no obstante el 85.3 % ocurre entre las edades de cero a 11 años. El maltrato de menores constituye un patrón de conducta muchas veces aprendido por el modelaje. Por lo que hay que tomar medidas necesarias para romper con el mismo”, planteó Otero Narváez.

Otra medida discutida fue el Proyecto de la Cámara 278, que le asigna al Departamento de la Familia y a la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública (WIPR), la encomienda de diseñar y difundir en una campaña publicitaria las causas y maneras de ese abuso; y educar a la población en general sobre su responsabilidad al respecto. El presidente de WIPR, el doctor Rafael Batista Cruz, indicó a la Comisión que una vez le sometan los vídeos y materiales, WIPR la difundirá gratuitamente.

Mientras que la presidenta de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, Sandra Torres, avaló la medida y la disposición para que en las campañas de difusión masiva  se utilicen medios que incluyan las redes sociales y portales de Internet para educar y evitar el maltrato de menores. “Es la dirección correcta porque las tendencias indican que un 70 % de la población está conectada a Internet diariamente de diversas maneras. El 94 % de los usuarios de Internet expresó que se conectan a la red digital a través del celular y el 34.2 % lo hace desde una computadora”, explicó.

Por último, se discutió el Proyecto de la Cámara 873, a los fines de facultar a los Trabajadores Sociales Escolares a radicar querellas en la Policía de Puerto Rico cuando identifiquen situaciones donde exista o se sospeche que exista maltrato, maltrato institucional, negligencia y/o negligencia institucional.

Gobernador anuncia acuerdo de reestructuración para el Banco Gubernamental de Fomento

(15 de mayo de 2017 – La Fortaleza) El gobernador Ricardo Rosselló Nevares anunció que la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF) y el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF), lograron un acuerdo de reestructuración (RSA, por sus siglas en inglés) con un grupo significativo de los acreedores del banco.

Conforme al Título VI de la Ley federal para la Supervisión, Gerencia y Estabilidad Financiera de Puerto Rico (PROMESA, por sus siglas en inglés) los términos del RSA serán implementados según un acuerdo de reestructuración consensual para el BGF.

Una vez el acuerdo sea aprobado por los acreedores requeridos, la Junta de Supervisión Fiscal y el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, se permitirá a los acreedores del BGF, incluyendo a los bonistas y a los depositantes, intercambiar sus acreencias por uno de tres tipos de bonos a ser emitidos por una nueva entidad municipal, según estos seleccionen.

Estos nuevos bonos tendrán diferentes niveles de repago de principal, tasas de interés, prioridad de colateral y otros términos de pago. Como parte de los términos acordados, los acreedores del BGF convinieron reducir sustancialmente la cantidad de principal.

Esta reestructuración no depende de fondos provenientes del Fondo General del Gobierno Central. El RSA también contempla el pago en efectivo a los municipios de la Isla que tienen depósitos en el BGF.

Este acuerdo se añade al RSA que ya logró la AAFAF, en representación de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), con el Grupo Ad Hoc de los bonistas de la AEE, los proveedores de las líneas de crédito de combustible, las aseguradoras monolínea y el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, que logró ahorros de $2,200 millones para el Pueblo de Puerto Rico.

El RSA para el BGF se negoció y fue aprobado por representantes de, entre otras, las siguientes entidades: (i) el Grupo Ad Hoc de Bonistas, compuesto por fondos administrados o asesorados por Avenue Capital Management II, L.P., Brigade Capital Management, LP, Fir Tree Partners and Solus Alternative Asset Management LP, (ii) cooperativas de crédito de Alianza de Cooperativas (Alianza) y de Grupo ES (las cuales, en conjunto, agrupan a más de 40 cooperativas de crédito) y (ii) Bonistas del Patio.

El gobernador agradeció a la AAFAF, al BGF y a los acreedores que lograron este acuerdo por su compromiso durante dos meses de trabajo y negociaciones de buena fe.

“Este acuerdo es un ejemplo de que el Gobierno está recuperando la credibilidad que había perdido durante los pasados años. Nos sentimos satisfechos con este acuerdo que redundará en los mejores intereses para el Pueblo de Puerto Rico”, manifestó el primer ejecutivo.

En tanto, Gerardo Portela Franco, director ejecutivo de la AAFAF, dijo que “este acuerdo es el resultado de una extensa negociación de buena fe y es una muestra del compromiso que tiene esta Administración de llegar a acuerdos consensuales con los acreedores”.

“A nombre de la AAFAF y de la Administración, quiero expresarle mi gratitud al BGF y a sus acreedores por su trabajo incansable para hacer posible este acuerdo. La reestructuración de las obligaciones del BGF, según contempladas en el RSA, son un paso importante en el camino de la recuperación económica de Puerto Rico,” añadió Portela Franco.

Mientras, el Grupo Ad Hoc de bonistas del BGF, dijo “estar complacido de participar en el RSA”.

Bradley Meyer de Ducera Partners, asesor financiero del Grupo Ad Hoc, indicó que “a pesar de la dificultad y complejidad de las negociaciones, el BGF, AAFAF y la actual administración han trabajado con las partes interesadas, incluyendo el Grupo Ad Hoc, los Bonistas del Patio y los cooperativas participantes, de manera responsable, transparente y colaborativa para llegar a un acuerdo sobre una reestructuración voluntaria del BGF que sea justa para todas las partes”. “El Grupo Ad Hoc espera con interés la finalización de la documentación definitiva y la rápida implementación del RSA bajo el Título VI de Promesa”, añadió.

Al mismo tiempo, Rafael Rojo, portavoz de Bonistas del Patio, destacó que “si bien estamos aceptando voluntariamente sostener pérdidas significativas, de hasta 45 por ciento de los ahorros que puertorriqueños trabajaron, es porque primero que bonistas, somos puertorriqueños y reconocemos las circunstancias en las que se encuentra Puerto Rico”.

Agregó que “la transacción que hoy se anuncia logra un acuerdo justo y razonable para los bonistas locales que permitirá que estos recuperen una porción significativa de su principal invertido comprendiendo las circunstancias del BGF”.

En tanto, la Alianza de Cooperativas sostuvo que “es importante destacar la transparencia del Gobierno al abrir los libros del BGF sin reservas, así como ofrecer y explicar los detalles necesarios para alcanzar este acuerdo”.

“Este acuerdo se suma a las determinaciones necesarias para seguir protegiendo los activos y seguir desarrollando el cooperativismo en la Isla”, agregó la Alianza de Cooperativas.

Durante las negociaciones, la AAFAF y el BGF fueron asistidos por O’Melveny & Myers, como asesores legales; Rothschild & Co., como banco de inversiones; Ankura Consulting Group, como asesor financiero; y Bank of America Merill Lynch. El Grupo Ad Hoc de Bonistas fue asistido en las negociaciones por Davis, Polk & Wardwell, LLP, como asesores legales; y Ducera Partners LLC, como asesores financieros. Atlas Asset Management, LLC es el asesor financiero de Alianza y Grupo ES. Marichal, Hernández, Santiago & Juarbe, LLC son los abogados de Grupo ES, González Torres & Co, CPA, PSC son los contables de Alianza y HRML & Asociados, LLC y Nevares, Sánchez Álvarez & Cancel, PSC son asesores legales de Alianza. Bonistas del Patio fue asesorado por Picó & Blanco, LLC, como asesores legales y Jorge Irizarry y Carlos Rodríguez como asesores financieros.