Analizan crear una Oficina Especializada en investigar delitos electorales

El Capitolio – La Comisión de Seguridad Pública, presidida por el representante Félix Lassalle Toro, inició hoy el análisis del Proyecto de la Cámara 304, con el fin de crear la Oficina Especializada de Delitos Electorales adscrita al Departamento de Justicia, para reforzar y penalizar cualquier infracción a la Ley Electoral y asegurar que sea la voluntad del pueblo y no la de los funcionarios electorales la que decida quién va a gobernar el país.

La medida, de la autoría del representante José “Quiquito” Meléndez,  busca “promover la confianza del pueblo en los procesos electorales que son de vital importancia para la legitimidad de nuestro sistema de gobierno”.

        Walter Vélez Martínez, Contralor Electoral

A la vista pública, compareció el contralor electoral, Walter Vélez Martínez, quien favoreció el objetivo de la medida de tener fiscales especializados para atender los casos electorales, “que son bien profundos y complejos; cuando se llevan estos casos a las salas, no mucha gente conoce la naturaleza de cómo llevar estos asuntos por lo que en muchas instancias no prosperan los casos en los tribunales”.

El Contralor recomendó que se enmiende la medida para ampliar el ámbito investigativo del proyecto mediante la inclusión de los delitos tipificados dentro de la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.

“Nosotros estaremos prestos y listos para colaborar con la nueva Oficina Especializadas de Delitos Electorales como hasta la fecha lo hemos estado haciendo con otras dependencias gubernamentales”, dijo el funcionario, quien puntualizó la necesidad que se mantenga la facultad investigativa que actualmente posee la Oficina del Contralor Electoral (OCE).

Por su parte, la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), licenciada Zulma Rosario Vega, vio con buenos ojos la intención de la medida, ya que “combatir la corrupción en todas sus vertientes es una función fundamental de todo Gobierno que interese operar de forma transparente y efectiva”.

Recomendó además que se enmiende la Ley Electoral  para impedir la candidatura a puestos electivos, a personas que hayan sido convictos por la comisión de delitos contra la función pública del Código Penal o de los delitos establecidos en la Ley de Ética Gubernamental.

De igual modo, la licenciada Julia Álvarez Valentín, directora de la Oficina de Asuntos Legales de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), reconoció “la importancia del tema que da pie al Proyecto de la Cámara 304. Si nuestro ordenamiento dispone sancionar penalmente algunas conductas constitutivas de delito electoral, es necesario asegurar que contamos con un andamiaje de investigación y procesamiento robusto y confiable”.

Mientras que la presidenta del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI), licenciada Nydia Cotto Vives, recomendó que se establezca en la pieza que si el imputado es un funcionario que está bajo la ley del PFEI, el mismo sea procesado por esta entidad. Ello para evitar conflictos jurisdiccionales entre ambos organismos investigativos.

De otra parte, la licenciada Noris Rodríguez Méndez, asesora legal del Departamento de Justicia (DJ), quien presentó un memorial firmado por la secretaria, licenciada Wanda Vásquez Garced, en la que reconoció la intención plasmada en el proyecto, puesto que constituye “un interés legítimo y sumamente loable en atender con premura, diligencia y especificidad una cuestión pública de gran interés para el Pueblo de Puerto Rico”. No obstante, sugirió estas labores se mantengan dentro del DJ, que actualmente manejan estos casos junto a otras dependencias, debido a la falta de fondos para la creación de dicha entidad.

Ante ello, el autor de la medida, señaló que presentó esta legislación ante su frustración de la forma en que se atienden los casos por parte de la CEE, “que no suelen llegar a ningún sitio; lo digo por experiencia, porque he pasado por ese proceso y no se resuelve nada”.

“Con ello estamos enviando un mensaje al pueblo de impunidad, de que si se viola la ley electoral, no hay consecuencias por lo tanto cada día escuchamos de casos en los que nunca se radica una querella y no pasa nada”, puntualizó el representante por acumulación.

Sostuvo que este delito no es uno menos importante que el asesinato, porque va en contra de la democracia, por lo que solicitó al DJ a que presentara las enmiendas para cumplir con los objetivos que se incluyen en el Plan para Puerto Rico.

Por su parte, el Presidente de la Comisión señaló que con esta iniciativa se busca dar las herramientas necesarias para poder traer un gobierno transparente, en el cual la gente pueda confiar”. 

Mediante este proyecto, el Gobernador designará con el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes al director de esta oficina quien será un fiscal o un abogado con designación de fiscal especial con conocimiento de derecho penal los cuales estarán encargados principalmente de atender en los tribunales las querellas que se radiquen por violación de la Ley Electoral del Puerto Rico del Siglo XXI, en un término no mayor de 72 horas.