RADICAN RESOLUCIÓN PARA INVESTIGAR DESEMPEÑO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA

Los representantes Carlos Bianchi Angleró y Jesús Manuel Ortíz  radicaron una resolución para investigar el desempeño del polémico departamento sombrilla de seguridad pública y auscultar los resultados luego de un año de su creación. Dicho departamento agrupa bajo su sombrilla a manera de negociados a la Policía, Ciencias Forenses, Emergencias Médicas, Manejo de Desastres, Investigaciones Especiales y el sistema 9-1-1 de respuesta. Hasta el momento se desconocen los ahorros y eficiencias logradas por este y son más los cuestionamientos que ha levantado la creación de dicho departamento que los logros o mejoras que le adjudica la ciudadanía, según ambos representantes. 

A esta incertidumbre del funcionamiento en esta recién creada agencia, se le suma el cuestionable desempeño de quien la dirige y su falta total de transparencia en el manejo de la misma. “El señor Pesquera no ha sido el mejor ejemplo de accesibilidad ni transparencia en el manejo de una agencia tan compleja e importante. Incluso, no existe un sólo logró que pueda atribuirse más allá de múltiples polémicas por el mal manejo de la información y la ineficiencia, sobre todo durante y luego de la emergencia del huracán María”, según Bianchi y Ortíz.

A través de la resolución los legisladores buscan conseguir que Pesquera enfrente la opinión pública sobre su desempeño y rinda cuentas a la ciudadanía sobre los trabajos de su agencia luego de un año de creación. Además, se dijo que bajo esta sombrilla se producirían ahorros de al menos 28 millones de dólares. “El país tiene que constatar si las promesas de ahorro en fondos públicos y eficiencia administrativa se han logrado o si, como todo parece indicar, resultaron ser estimados equivocados. Además, es importante saber cómo esa agencia enfrentará los recortes presupuestarios del plan fiscal, las necesidades de cada negociado y el status del cumplimiento con la Reforma de la Policía. La Asamblea Legislativa no puede renunciar a su obligación de exigir respuestas e informar a sus constituyentes”, dijo por su parte Ortíz González.

También se supone que la eficiencia del departamento lograra mejorar la seguridad pública, optimizar la gestión administrativa y fiscal de sus componentes, mejorar la prestación y los resultados de los servicios públicos, garantizar la comunicación, cooperación e interconexión de todos los componentes de seguridad y lograr un Puerto Rico de cumplimiento, seguridad, ley y orden. “Todos sabemos el descontento y la insatisfacción generalizada existente en nuestra gente. Nadie se siente más seguro hoy. Y tenemos que atender ese asunto”, dijo por su parte Bianchi Angleró.

“Traemos este asunto ante la Cámara y ante el pueblo en aras de procurar soluciones efectivas ante las serias deficiencias de ejecución que dicha entidad confronta”, manifestaron ambos representantes.

La resolución otorga un plazo de 90 días a la Comisión Camera para rendir un informe sobre sus hallazgos.