Agentes podrán trabajar como policías durante su tiempo libre

Gobernador hizo el anuncio en una conferencia de prensa donde destacó los adelantos en la lucha contra el crimen

(2 de abril de 2017- San Juan, Puerto Rico) – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares informó hoy que los miembros de la Uniformada podrán trabajar como policías en su tiempo libre.

“Mediante legislación, permitiremos que el policía pueda trabajar horas extras como parte de un acuerdo con entidades externas, que puedan solicitar sus servicios mientras ejercen su trabajo como uniformados”, expresó el mandatario.

“La iniciativa ayudará a tener escuelas y establecimientos privados más seguros, y a su vez, proveemos un mecanismo a los policías para ganar más dinero.  Es una ganancia para la seguridad del Pueblo y para nuestros policías. Esto será novel en Puerto Rico y nos ayudará a combatir el crimen. Además, los policías podrán recibir los beneficios y cubiertas de la Policía si les pasará algo en estas gestiones”, agregó el gobernador.

La Policía históricamente ha tenido dificultades para pagar el tiempo extra de los agentes. Más allá de esto, muchos compañeros y compañeras tienen que buscar trabajos a tiempo parcial (‘part time’) para complementar sus ingresos.  En estos trabajos a tiempo parcial los miembros de la Uniformada no pueden operar como policías del Estado.

El anuncio fue hecho hoy en compañía de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced y de la superintendente de la Policía, Michelle Hernández de Fraley en una conferencia de prensa en la que aprovecharon para presentar los resultados que se han reportado gracias al Plan Anticrimen implementado por su administración.

Rosselló Nevares indicó que “gracias al plan anticrimen que fue puesto en vigor una vez asumimos la gobernación, hoy podemos anunciar que las estadísticas del Departamento de Justicia y Policía son alentadoras”.

La secretaria de Justicia afirmó que las suyas “reflejan un aumento en las personas imputadas y las denuncias radicadas en 7 de las 13 regiones”.

Según explicó la secretaria, las regiones son Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Caguas, Guayama, Humacao y Mayagüez con un total a finales de marzo de 2017 de 6,991 personas imputadas y 7,962 denuncias radicadas.

Por su parte, la superintendente dijo que la Policía reportó que el primer trimestre cerró con una reducción de un 10.1% en los delitos de Tipo I, 12.1% en delitos contra la propiedad y 1.3% en delitos contra la persona en comparación con el mismo período el año pasado, al tiempo que registró un 76% en el esclarecimiento de casos. Los asesinatos, en comparación con el 2016, está 1 por debajo al 1 de abril lo que demuestra una leve mejoría que el equipo de Seguridad espera mejore mucho más con las nuevas iniciativas.

“En el Departamento de Justicia estamos trabajando con todo nuestro esfuerzo para investigar responsablemente los casos ante nuestra consideración, con el fin de combatir la criminalidad y eliminar el sentido nefasto de la impunidad. La labor en conjunto con la Policía de Puerto Rico y las autoridades federales es fundamental para lograr la meta de proteger las víctimas y que los responsables asuman las consecuencias por sus acciones”, aseguró la secretaria de Justicia.

 

Vázquez Garced, sostuvo que a raíz de la firma del Memorando de Entendimiento el 1 de febrero de 2017 entre las agencias federales y estatales ya varias investigaciones se han llevado a cabo en conjunto, se han procesado y sacado de las calles a cerca de 12 acusados. Entre estos se le radicó cargos al agresor sexual de Bayamón, Waldemar Martínez. También se le radicaron cargos de robo y ley de armas a nivel federal.

 

De igual manera Justicia radicó cargos a 12 imputados implicados en el asesinato en octubre pasado del sargento de Humacao, Luis Meléndez. Estos componían una poderosa ganga llamada los Rompe-ONU que sembraban el terror en el área este. Se informó que esa investigación continúa.  La Secretaria además anunció un acuerdo histórico con Justicia Federal para compartir información para combatir el fraude y la evasión contributiva.

 

Mientras, la superintendente de la Policía dijo que “al culminar el primer trimestre de este año, tengo que decir que aunque estamos batallando contra un enemigo poderoso, las estrategias que hemos diseñado trabajando con las agencias federales, otras agencias estatales y los policías municipales ya están dando resultados. Estamos dándole la batalla al crimen, al tráfico de drogas, al tráfico ilegal de armas de fuego, entre otros”.

 

Hernández de Fraley, explicó, que se logró controlar la tendencia alcista experimentada en el 2016 en el número de asesinatos. Si no hubiéramos implantado a tiempo un plan agresivo e integrado, ese número habría excedido, sin duda. Hoy es negativo 1”, expresó.

 

“Como parte de la política pública de cero tolerancia a la violencia doméstica el Departamento de Justicia y su sistema Registro Criminal Integrado (RCI), refleja para todos los fiscales y jueces las órdenes de protección en el sistema electrónico de manera que al momento de someter los cargos se conozca si contra ese acusado hay una orden de protección vigente y si tiene historial violento para la imposición de la fianza. Igualmente, se reflejan todas las órdenes de arresto pendientes de diligenciar”, afirmó Vázquez Garced quien explicó además que su agencia firmó un importante acuerdo con la Fiscalía Federal para la investigación de los casos de evasión contributiva, lavado de dinero y fraude, en unión a la creación de una la División de Delitos Económicos cuyas investigaciones se encuentran en pleno desarrollo.

 

Asimismo, Hernández de Fraley demostró el cumplimiento con el acuerdo federal en las áreas para desarrollar políticas y reglamentación interna, al igual que adiestramiento en el uso de la fuerza, intervención con personas transgénero y transexuales, calificación con el arma de reglamentaria y persecuciones, haciendo extensiva su aplicación a todos los policías municipales activos.

 

En el área de intervenciones diarias para la prevención, la superintendente llamó la atención en los arrestos efectuados por drogas que durante este trimestre aumentaron en un 32.6% en comparación con el año anterior. Del mismo modo hubo un aumento de 43.2% en arrestos por armas, 81.4% en arrestos por embriaguez y 7.34% en arrestos por Ley 54. Además, el número de armas ocupadas tuvo un aumento de 73.6%

 

Alcalde de Lajas reacciona ante el plebiscito

La eliminación de la tercera columna en el plebiscito, sigue creando reacciones entre miembros del PPD, como lo es el alcalde de Lajas quien aseguró que esto es un país democrático y que ningún plebiscito le concederá la estadidad a Puerto Rico. Además varios ciudadanos expresaron su sentir.

Representante Natal Albelo reacciona a expresiones de Presidente Senatorial y dice no tenerle miedo

El representante Manuel Natal Albelo reaccionó a las expresiones de los que se han pronunciado en contra del junte soberanista encabezado por el propio representante, la excandidata independiente a la gobernación Alexandra Lúgaro y el senador del PIP Juan Dalmau. Siendo enfático en la reacción del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, quien durante el día de ayer sentenció la unión soberanistas como un círculo que representa cero.

Alcaldes del PPD expresan malestar tras eliminación de tercera columna en plebiscito de status

Varios alcaldes del PPD expresaron su sentir ante las enmiendas realizadas por la Cámara de Representantes para eliminar por completo la tercera columna de la papeleta del plebiscito de status a realizarse el próximo 11 de junio. Entretanto comentaron sobre el movimiento que impulsa la opción Independencia/Libre Asociación, que es respaldada por un representante del propio Partido Popular.

Surge oposición a proyecto que fusionaría agencias en un Departamento de Seguridad

En la Cámara de Representantes se discutió el proyecto 741 que impulsó el presidente de la Comisión de Seguridad, el representante Félix Lasalle, que estipula fusionar siete agencias en un nuevo Departamento de Seguridad Publica. A tales efectos, el representante popular Luis Vega Ramos se expresó en contra del mismo pues alego que la Oficina de Gerencia y Presupuesto aún no ha emitido el informe sobre el supuesto ahorro al erario que conllevaría  la misma.

Evalúan multas para residentes que no paguen mantenimiento en urbanizaciones cerradas

El Capitolio – El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), favoreció hoy en vista pública, el Proyecto de la Cámara 709, que enmienda la “Ley de Control de Acceso de 1987”, para concederle a los consejos, juntas o asociaciones de residentes que se constituyan como urbanizaciones con acceso controlado, la facultad para cobrar penalidades sobre cuotas adeudadas, correspondiente al 10 por ciento del total de la deuda.

La Comisión de Asuntos del Consumidor, Banca y Seguros, presidida por la representante Yashira Lebrón Rodríguez, inició el análisis de la pieza de su autoría y del representante Jorge Navarro Suárez, que también dispone que los propietarios u ocupantes que adeuden tres a más plazos consecutivos de cuotas, quedarán temporalmente privados de votar en las reuniones de las Asociación de Residentes.

La subsecretaria del DACO, Carmen I. Salgado, representada por el licenciado Pedro Bello, favoreció la medida y recomendó que se consulte la posición de la Junta de Planificación, agencia que administra la referida ley. A preguntas de Lebrón Rodríguez, el Lcdo. Bello sostuvo que este proceso de atender las querellas de las asociaciones por falta de pago de los residentes pueden ser atendidas por la agencia, ya que cuentan con la pericia y el andamiaje necesario para resolver estas disputas.

Ante ello, la legisladora manifestó que se propone “darle las herramientas y la facultad para trabajar estas querellas, luego que las asociaciones de residentes hayan agotado los remedios de mediación en el que proponen un plan de pago”. A su vez, sostuvo que si el residente no cumple con el acuerdo se le radicará la querella ante el DACO, lo que ayuda a no llenar los Tribunales con este tipo de caso.

Mientras, que el presidente de la Alianza de Profesionales de Condominios y Controles de Acceso, Marco Rosado, apoyó el proyecto “ya que no existen mecanismos efectivos para ayudar a las asociaciones de residentes. En la actualidad entre el 27 al 30 por ciento de los residentes no cumplen con el pago de las mismas”.

Afirmó, que con las enmiendas presentadas, no solo les dan herramientas de cobro más efectivas a las comunidades con control de acceso, sino que se les hace justicia a las asociaciones, ya que las mismas están desprovistas de una ley especial, que regule efectivamente la administración y el manejo de los aspectos administrativos de estas comunidades.

Por su parte, Jay Morales, de la Asociación de Condominios y Controles de Acceso, favoreció la medida y recomendó una enmienda para que el deudor moroso tenga que costear los honorarios de abogados, si el caso tiene que radicarse ante los tribunales.

RUM tiene empresas universitarias para generar ingresos

En momentos en que se avecina una crisis económica para el sistema UPR se levantan empresas universitarias para mitigar las necesidades de las agencias de gobierno. La UPR de Mayagüez comenzará a mercadear un producto desarrollado por estudiantes de ingeniería que promete un ahorro en el costo energético.

Preocupada Charbonier por cantidad de pacientes certificados para uso del cannabis

El Capitolio – “La salud de una persona es importante, ni se compra, ni se vende”. Con estas palabras la presidenta de la Comisión de lo Jurídico, la representante María Milagros Charbonier Laureano, esbozó su preocupación con la cantidad de pacientes que ha sido certificado para el uso del cannabis medicinal, por condiciones de salud que podrían describirse como comunes entre la población puertorriqueña.

En la continuación del análisis de la Resolución de la Cámara 65, para investigar la legalidad de los procesos seguidos por el Departamento de Salud en cuanto a la promulgación del Reglamento 8686, conocido como “Reglamento 155 para el uso, posesión, cultivo, manufactura, producción, fabricación, dispensación, distribución e investigación del cannabis medicinal”, la legisladora señaló que de los dos mil pacientes certificados para el uso de cannabis medicinal en Puerto Rico, 700 pacientes lo utilizan para tratar el desorden de ansiedad y poco más de 600 para aliviar el dolor crónico. Cuestionó si, en estos dos renglones mencionados, los pacientes han sido previamente atendidos por médicos especialistas.

En respuesta, el Dr. Roberto Rosso, en representación del Departamento de Salud, explicó que la determinación para el uso de cannabis medicinal debe ser emitida por un psiquiatra, neurólogo o médico primario. Añadió que el paciente debe haber recibido tratamientos previos para su condición de salud antes de recurrir al uso de cannabis medicinal.

De otra parte, la presidenta de la Comisión mostró reservas en cuanto al producto distribuido a pacientes para tratar alguna de las enfermedades debilitantes incluidas en el reglamento.

“Hemos ido a lugares donde se le está dispensando al paciente la flor cruda de la marihuana. Estamos claros en que la planta no tiene algún uso medicinal, estamos hablando de componentes purificados (THC, CBD). Mirando cómo están dispensando la flor, no veo de qué manera una persona pueda llevar esa flor para su casa y tener lo necesario para purificarla, de tal manera que pueda vaporizarla. El laboratorio está dispensando la flor y asumimos que la persona cuando la lleva a su casa, la purifica y todo lo demás. Tengo un conocimiento científico de lecturas que he hecho, que el THC mayor está en la flor. Quiero saber, de todos esos pacientes que estoy hablando, los mil 300, ¿a cuantos los laboratorios se la están dispensando en flor?”

A su vez, levantó la voz de alerta en cuanto a la celebración de ferias que proveen las certificaciones necesarias para el uso del cannabis medicinal, por un costo.

El Lcdo. Antonio Quilinchini, director de la Oficina de Inspección Cannabis Medicinal, y el Lcdo. Michael Rey, asesor legal del secretario de Salud, advirtieron que se enmendó la Orden Administrativa 354 para unificar el componente de inspectoría, permitiendo que agentes de sustancias controladas y agentes de cannabis puedan aunar esfuerzos y salir a la calle a fiscalizar la distribución del producto. Indicaron, además, que al momento están detenidas las evaluaciones para disponer de cannabis medicinal, pero están dando continuidad a los establecimientos que ya cuentan con sus licencias.

Charbonier Laureano mencionó, entre otros factores, que “nos preocupa grandemente qué el gobierno está haciendo para corroborar las ventas reportadas por cada uno de estos dispensarios (de cannabis). Porque en jurisdicciones como la nuestra, es muy fácil encontrar la manera de lavar dinero”. Por lo que citó al titular de Hacienda a comparecer a la próxima vista pública sobre la medida, a celebrarse el 30 de marzo de 2017.

Antes de levantar los trabajos, la presidenta de la Comisión expresó al panel de deponentes que “solo ustedes nos pueden dar las herramientas para que de esta investigación salga lo mejor, por el bien de Puerto Rico”.