Gobernador solicita a la JSF acogerse al Título III de la Ley PROMESA

Hoy el Gobernador anunció al País que solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal acogerse al Título 3 de la Ley PROMESA, esto tras los bonistas demandar al gobierno para que pagara sus deudas. Ante esto, el economista José Alameda explicó, que el proceso podría tardar alrededor de un mes en concretarse, y aseguró que la situación económica del País continuará deteriorándose.

Gobernador reclama acceso a herramientas otorgadas bajo PROMESA

En el marco de la celebración del foro Puerto Rico Presente y Futuro, el mandatario defendió la autonomía de Puerto Rico y reclamó acción justa por parte del gobierno federal para así completar el proceso de recuperación económica.

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13 de diciembre de 2016 – Washington, DC – El gobernador Alejandro García Padilla expuso hoy el cuadro económico y jurídico en el que se encuentra Puerto Rico, tras las condiciones fiscales desencadenadas durante décadas de políticas públicas irresponsables, tanto a nivel local como federal. Asimismo, el primer mandatario señaló los retos que el país debe ahora afrontar junto al gobierno de Estados Unidos, con el fin de garantizar que se complete eficazmente la recuperación económica que su equipo de trabajo dejó encaminada y que se respeten los derechos a la auto-gobernanza del pueblo puertorriqueño.

“Por décadas, los puertorriqueños hemos favorecido la distribución de poderes con el gobierno federal y alcanzado un nivel socioeconómico inigualado por nuestros vecinos del Caribe y Centroamérica. Hoy, el país se encamina hacia una reestructuración de su deuda para resolver la crisis económica y fiscal. Nuestro futuro depende del resultado de un proceso de bancarrota aún no aprobado por una Junta de Supervisión Federal que cambió esa concepción de distribución de poderes legalmente aceptada. El país se enfrenta a retos importantes que afectan su economía y sus derechos democráticos. Tanto Estados Unidos como la comunidad internacional tienen la responsabilidad de atender estos asuntos”, aseguró el mandatario.

Tras describir el decadente cuadro económico que ha experimentado la isla por casi una década, que incluye una deuda pública cercana a los $70,000 millones, García Padilla subrayó la importancia de las decisiones que tomó para enfrentar la crisis, aun cuando las condiciones establecidas por el gobierno federal han interferido con los derechos democráticos reconocidos por la Constitución de Puerto Rico. Además, el gobernador fue enfático en que el país no cuenta con la capacidad para pagar la deuda incurrida por previas administraciones y sus acreedores, por lo que la misma debe ser reestructurada, al tiempo que se continúan las medidas responsables tomadas por su administración y se evita más austeridad. El llamado del primer ejecutivo fue contundente al enfatizar la prontitud con la que debe ser atendido este asunto de la deuda, tomando en cuenta que el 15 de febrero de 2017 expira la suspensión en los litigios obtenida a través de PROMESA, lo que expondría al país a un déficit de más de $3,000 millones y obligaría al gobierno a un cierre de operaciones.

“No hay excusa para forzar a Puerto Rico a una depresión económica. Hace dos meses presenté ante la Junta de Supervisión Fiscal un plan fiscal comprensivo preparado por un grupo de reconocidos expertos y economistas. El plan establece una visión de futuro e incluye recomendaciones para eliminar el déficit y alcanzar el acceso a los mercados financieros, mientras se protegen los empleos y las pensiones en el sector público, así como las inversiones significativas realizadas anualmente por los puertorriqueños en la Universidad de Puerto Rico. La aprobación de este plan, junto a la reestructuración de la deuda, permitiría que Puerto Rico obtenga protección bajo un procedimiento ordenado de quiebra a través del Título III de PROMESA. Ahora bien, el país no puede continuar buscando préstamos a corto plazo a costos cada vez mayores o tomar medidas de austeridad. Optar por este camino sería insostenible, dañaría nuestra economía, reduciría los ingresos y disminuiría nuestra capacidad para pagar la deuda. Si la nueva administración decide optar por un patrón de austeridad, Puerto Rico pronto caerá en un espiral descendente”, detalló el gobernador.

A tono con lo anterior, el mandatario subrayó la responsabilidad del gobierno federal en la recuperación económica de Puerto Rico, describiendo las acciones tomadas unilateralmente por Estados Unidos que han atentado contra el desarrollo económico del país y su derecho democrático a la auto-gobernanza. Dentro de estas acciones, García Padilla señaló la eliminación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas, que le puso fin a todas las ventajas competitivas considerables para las empresas que hacían negocios en Puerto Rico, forzándolas a prescindir de decenas de miles de empleos en el país y la exclusión de la isla de la protección del Código de Bancarrota de Estados Unidos sin ninguna discusión o récrod legislativo.

No obstante, mientras el gobierno local y federal buscaban soluciones para que Puerto Rico superara la crisis, el Tribunal Supremo de Estados Unidos reconoció, a través de la decisión del caso Puerto Rico v. Sánchez Valle, la importancia del proceso de autodeterminación llevado a cabo por los puertorriqueños en la década del 50. Según el gobernador, esa realidad política cambió.

“Puerto Rico se encuentra ante una encrucijada. Aún en medio de nuestra necesidad de reestructuración de la deuda, debemos defender el progreso significativo y el nivel de soberanía para gobernar sobre los asuntos locales hasta ahora alcanzado. Con la ley PROMESA, Estados Unidos ha retrocedido en su posición sobre el reconocimiento democrático al pueblo puertorriqueño, por lo que debe responder por su nueva postura ante la comunidad internacional. Nuestra ruta hacia la recuperación requiere que nos asociemos en el proceso con el gobierno federal, a quien le exigimos trato igualitario bajo los programas de Medicare y Medicaid, la derogación del la ley Jones y las ventajas competitivas que perdimos como consecuencia de la decisión desacertada tomada por el Congreso al eliminar la Sección 936. Necesitamos continuar proveyéndole los servicios esenciales a los 3.5 millones de ciudadanos americanos que viven en la isla y estimular la economía, poniendo en vigor las herramientas que nos provee PROMESA para reestructurar la deuda. Alcanzar una solución política para estos retos exige un nivel de participación y activismo sin paralelos de los 5 millones de puertorriqueños que viven tanto en la isla, como en Estados Unidos. Este deber ser el comienzo de un desarrollo democrático y económico duradero y sostenible para los puertorriqueños”, concluyó García Padilla.

La participación del mandatario en este foro estuvo seguida por la intervención de panelistas expertos que profundizaron sobre asuntos trascendentales en la relación de Puerto Rico y Estados Unidos que definen su situación económica actual. El reconocido abogado litigante Christopher Landau expuso sobre el caso Puerto Rico vs. Sánchez Valle mientras que el licenciado Carlos Baralt, asesor legal del gobernador, discutió el rol de la ley PROMESA, la Junta de Supervisión Fiscal y la importancia de la reestructuración de la deuda. Por su parte, el profesor y experto en relaciones exteriores de Estados Unidos, David Rezvani, depuso sobre la soberanía puertorriqueña y las relaciones de Puerto Rico con el gobierno federal. Asimismo, Arnold H. Leibowitz, autor de múltiples escritos sobre las relaciones territoriales de Estados Unidos, abordó el tema de las relaciones de la isla con Estados Unidos. Igualmente, Samuel Issacharoff, profesor de Derecho cuya labor académica se centra en el derecho constitucional, los derechos de voto y el procedimiento civil, conversó sobre la Constitución y el auto-gobierno de Puerto Rico. Por su parte, Juan Lara, economista y profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico, discutió la situación de la economía puertorriqueña.

Para ver la grabación del foro, pueden acceder a https://youtu.be/O0GmVF-vbKY

Candidata del PPT impulsaría eliminación de PROMESA

Otra que criticó cualquier medida de austeridad o recortes que afecten la economía de los trabajadores del sector público de Puerto Rico fue la candidata por el PPT para la comisaria residente. Mariana Nogales asegura que de ganar la comisaria residente esta impulsaría la eliminación de la ley PROMESA.

Gobernador se reúne con ‘Task Force’ de PROMESA

En los encuentros, García Padilla fue enfático en la necesidad de las medidas de desarrollo económico que ha impulsado su administración, así como las dificultades que enfrenta el sistema de salud público.

15 de septiembre de 2016 – Washington, D.C. – El gobernador Alejandro García Padilla se encuentra sosteniendo reuniones individuales con la mayoría de los miembros del ‘Task Force’ creado bajo PROMESA y quienes tienen como encomienda evaluar posible legislación federal para proveer al Estado Libre Asociado herramientas que redunden en beneficio económico para la isla. En los encuentros, el primer ejecutivo instó a que incluyan las medidas dirigidas a impulsar el desarrollo económico que su administración ha reclamado y les comunicó la necesidad de que se logre paridad en la asignación de fondos de Medicaid, lo que el mandatario lleva promoviendo desde sus visitas iniciales a la capital federal.

Con cada uno de los funcionarios, el gobernador destacó nuevamente la importancia de realizar enmiendas a la Sección 245 del Código de Rentas Internas federal para restaurar la relación económica entre el Estado Libre Asociado y empresas de Estados Unidos. Según explicó el primer mandatario, su gobierno ha estado trabajando con el sector privado una evaluación de impuestos federales para otorgar incentivos contributivos a compañías estadunidenses que invierten en Puerto Rico desde el 2006, tras la salida de la sección 936. El país ha estado sumido en una recesión económica por lo que resulta indispensable para la administración de García Padilla que se legisle a nivel federal para recuperar la base económica de la isla.

De otra parte, el primer ejecutivo discutió con los miembros del Task Force los pormenores que representa para el desarrollo económico y social de Puerto Rico la otorgación desigual en los fondos del programa Medicaid. Actualmente este programa tiene una asignación inferior en Puerto Rico comparado con otras jurisdicciones estadounidenses, a pesar de que el por ciento de aportación es igual. Según indicó García Padilla en las reuniones, un  incremento en los fondos de Medicaid es importante ante el hecho de que el Estado Libre Asociado se enfrentará a un nuevo escollo fiscal el próximo año debido al agotamiento de los fondos de Medicaid incluidos en Obamacare.

En ese sentido, el gobernador enfatizó que el deterioro en los servicios de salud se agrava aún más con la emergencia decretada en torno al brote del virus Zika en la isla. Actualmente, miles de puertorriqueños han contraído el virus, incluyendo mujeres embarazadas. Consecuentemente, los bebés nacidos de madres infectadas durante el embarazo tienen una alta probabilidad de desarrollar defectos de nacimiento. El CDC estima que los costos de vida directos e indirectos asociados con defectos relacionados al Zika podrían alcanzar hasta $10 millones por niño. El gobierno de Puerto Rico necesita recursos federales adicionales para poder atender la situación.

En la mañana de hoy, García Padilla dialogó con los congresistas Sean Duffy (Wisconsin), Tom MacArthur (Nueva Jersey) y Nydia Velázquez así como el senador Marco Rubio (Florida). Ahora en la tarde, el gobernador se reunirá con los senadores Bill Nelson (Florida) y Orrin Hatch (Utah), más sostendrá un diálogo con el comisionado residente Pedro Pierluisi.

Rosselló quiere transformar el NIE en una unidad para combatir el narcotráfico

Como parte de una de las estrategias para combatir con efectividad al narcotráfico, el presidente del PNP Ricardo Rosselló aseguró que el gobierno tiene una responsabilidad de proteger al pueblo y así se comprometerá su administración, de ganar las próximas elecciones generales.

“Resulta intolerable que la violencia se apodere de las calles y ciudadanos inocentes sean víctimas de las guerras entre grupos de narcotraficantes. El gobierno tiene una responsabilidad ineludible de proteger al pueblo y ese es mi compromiso”, enfatizó Rosselló.

El líder progresista detalló que como parte de su propuesta de seguridad pública, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) se transformará en una entidad especializada en la investigación del crimen organizado dándole énfasis a combatir el narcotráfico, trasiego de armas ilegales y lavado de dinero. Además, el NIE redoblaría esfuerzos para atacar agresivamente la corrupción pública y las violaciones de derechos civiles a los ciudadanos.

“Vamos a transformar el NIE en un nuevo organismo altamente especializado y capacitado para enfrentar con determinación al narcotráfico. Como parte de nuestros acuerdos con el gobierno federal, vamos a gestionar que el personal asignado al NIE se capacite en las facilidades del FBI y de la DEA. Esa iniciativa facilitará que nuestros oficiales puedan desarrollar una relación más efectiva y coordinada con las autoridades federales para combatir el crimen organizado” indicó el Dr. Rosselló Nevares.

El candidato a la gobernación del PNP añadió que “sepan quienes hoy se lucran de envenenar con droga a nuestra juventud y bañar de sangre las calles de Puerto Rico que vamos tras ellos. Los que creen sentirse impune a la justicia, se enfrentarán a un gobierno decidido y debidamente preparado para enfrentarlos y vencerlos”.

“Mi compromiso es con la seguridad de Puerto Rico y para eso no escatimaré en esfuerzos y recursos. Nuestro gobierno tendrá una agencia especializada para enfrentar al narcotráfico, trasiego de armas ilegales y el lavado de dinero con la más alta tecnología, personal adiestrado en las mejores instituciones que estén disponibles en el gobierno federal y mi decidido respaldo para detener al crimen organizado”, concluyó el candidato a la gobernación Ricardo Rosselló.