FUPO reacciona a proyecto de ley que propone que policías trabajen tiempo extra

Ante el proyecto de ley sometido por el gobernador Ricardo Rosselló que busca que agentes del orden publico puedan laborar horas extras en compañías privadas y agencias públicas, el Frente Unido de Policías Organizados, (FUPO) ve con buenos ojos la medida siempre y cuando se les dé foro tanto en Cámara como en Senado en la discusión del proyecto.

Funcionarios públicos pagarán de su bolsillo demandas por discrimen político

– Meléndez presentó legislación para que culpables por discriminar políticamente en agencias de gobierno paguen las compensaciones –

San Juan, P.R. – Ante el continuo patrón de discrimen político en las agencias del Gobierno de Puerto Rico y la manera en que estas acciones han continuado afectando la situación fiscal del erario público, el representante José Enrique “Quiquito” Meléndez presentó un proyecto de ley con el fin de establecer que todo funcionario público o empleado que resulte culpable por discrimen político pague el 50% de su propio dinero cuando la sentencia determine alguna compensación para el empleado discriminado.

El Proyecto de la Cámara de Representantes 730 (P. de la C. 730) enmendará el artículo 15 de la Ley Número 104 del 29 de junio 1955 conocida como “Ley de Reclamaciones y Demandas contra el Estado” a los fines de establecer que el Estado solo pagará el cincuenta (50%) por ciento del total ordenado, mediante sentencia final y firme, cuando esta recaiga sobre cualquier funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Gobierno de Puerto Rico en su carácter personal por actos que constituyan violación de derechos civiles por discrimen político.

Según la exposición de motivos del proyecto de ley “cuatrienio tras cuatrienio vemos como se suscitan casos de evidente discrimen político que afectan adversamente nuestra fibra social y desangran las arcas estatales debido al pago de las sentencias que estas demandas acarrean. Vemos constantemente en los medios noticiosos, como salen a la luz pública decenas y decenas de demandas que denotan un claro patrón de discrimen político. Específicamente, vemos como esa plaga carcome el sistema de mérito que se supone impere y se destacan en las noticias como unos de un partido político planifican, dirigen, ordenan, permiten, autorizan o ejecutan, individualmente y en conjunto, acciones adversas en contra de empleados afiliados a otros partidos”.

Meléndez expresó que “el servicio público de carrera es un privilegio que no puede estar sujeto a consideraciones partidistas. Ningún funcionario público debe ser discriminado por su afiliación política personal y nuestra función como legisladores es desalentar esta práctica que va en contra de lo que debe ser un buen servidor público. Es hora ya de acabar con estas acciones que le cuestan mucho dinero al estado, que atentan contra los derechos establecidos en la Constitución, y contra la situación fiscal actual. Aquellos que se prestan para violarle los derechos civiles a otros al cometer discrimen político en las agencias de gobierno sepan que habrán nuevas consecuencias y que pagarán con su bolsillo parte de los acuerdos que determinen los tribunales.”.

El legislador añadió que la pieza legislativa indica que “todo tipo de acuerdo transaccional que surja en virtud de una demanda contra un funcionario, ex funcionario, empleado o ex empleado del Gobierno de Puerto Rico y que contemple la erogación de fondos públicos, será referido al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente para su evaluación, con el propósito de determinar la aplicabilidad de la aportación del cincuenta (50%) por ciento por parte del Estado, previo a ser presentado ante la consideración del Tribunal General de Justicia”.

Cámara analiza proyecto para que notarios puedan divorciar por consentimiento mutuo

El Capitolio –  La Comisión de lo Jurídico, que preside la representante María Milagros Charbonier, comenzó el análisis del Proyecto de la Cámara 378, que enmienda el “Código Civil de Puerto Rico de 1930”, para que un notario pueda conceder el divorcio por consentimiento mutuo.

Durante los trabajos el presidente del Colegio de Abogados, licenciado Alejandro Torres Rivera, manifestó su apoyo a la iniciativa del representante Enrique Meléndez Ortiz ya que “puede contribuir a la descongestión de los casos que se ventilan ante el Tribunal de Primera Instancia”.

Señaló que el divorcio mediante un notario sería viable si no se dan circunstancias tales como pensión alimentaria, bienes en cuantía considerables, hijos procreados en el matrimonio y que alguno de ellos sea discapacitado. Esta posición fue avalada por el presidente del Colegio de Notarios de Puerto Rico, el notario William González Rosario.

Por su parte, la Licenciada Carla Rivera, en representación del Departamento de Justicia, indicó estar de acuerdo con la medida y secundó la posición del Colegio de Abogados, de que se excluya de este remedio, los casos de matrimonios en que existan hijos menores o incapacitados, ya que es necesario que los tribunales salvaguarden las necesidades de los menores.

Asimismo el Licenciado Alejandro Figueroa, de la Corporación de Servicios Legales, sugirió que en la escritura se estipule los derechos que cobijan a los menores y las advertencias que el documento debe tener en cuanto a la repartición de los bienes adquiridos en conjunto, de modo que se evite el más mínimo rasgo de controversia.  De igual forma, la Licenciada Charlene Rivera Agosto, en representación del Departamento de la Familia, favoreció el proyecto y sus recomendaciones.

De otra parte, la directora del Registro Demográfico, Wanda Llovet Díaz, acogió el proyecto, a la vez que recomendó que se incluya lenguaje en el que se establezca que la notificación del divorcio sea enviado directamente, mediante correo electrónico, a la dirección de esta agencia y que la misma sea luego de 30 días de que se disuelva el vínculo matrimonial.

Por su parte, tanto la Presidenta de la Comisión, como el autor de la medida indicaron que pretenden ampliar las herramientas que pueden utilizar las parejas que desean divorciarse por consentimiento mutuo, de modo que, se pueda agilizar el trabajo en  los tribunales y se pueda resolver el asunto en la privacidad de una oficina notarial.

“Esto no quita que si una pareja desea divorciarse en el Tribunal, lo pueda hacer. Esto lo que le da es una alternativa adicional a las personas que no tienen controversias mayores en cuanto a sus bienes y la custodia de los hijos, para que un notario, quien no es un juez, sino un funcionario que recoge el acuerdo entre las partes, pueda emitir un documento en el que se establece dichos entendidos”, dijo Meléndez Ortiz.

Mientras que Charbonier Laureano aseguró, que esta enmienda al Código Civil, será unida al estudio abarcador que durante este cuatrienio se hará de esta pieza vigente desde el 1930.

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